La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha levantado su voz en el debate sobre el Reglamento Europeo contra la Morosidad, demandando el mantenimiento del plazo máximo de pago de 30 días desde la entrega de productos. Esta solicitud se produce en medio de una serie de enmiendas presentadas por grupos políticos del Parlamento Europeo, que podrían flexibilizar dicha propuesta y afectar negativamente a las personas agricultoras y ganaderas, así como a la rapidez en los pagos a las pequeñas y medianas empresas del sector.
COAG, alineada con los planteamientos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, aboga por la protección de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias, cuya subsistencia depende en gran medida de los plazos de pago establecidos.
Los grupos parlamentarios conservadores, incluyendo el Partido Popular Europeo (EPP) y los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), han propuesto una serie de enmiendas que podrían representar un retroceso en la lucha por la disminución de los plazos de pago. Estas enmiendas, basadas en el argumento de la «libertad del pacto entre las partes», abrirían la puerta a la ampliación legal de los períodos de pago, lo que podría ser aprovechado por la parte compradora para imponer condiciones desfavorables a los productores. Jaume Bernis, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG, subrayó la importancia de no permitir que la industria, la distribución y otros compradores se financien a costa de los agricultores y ganaderos.
Debate sobre el Reglamento Europeo contra la Morosidad
La propuesta legislativa actual busca reemplazar la Directiva actual por un Reglamento, lo que garantizaría la aplicación uniforme de las disposiciones en toda la Unión Europea. Esta propuesta establece un plazo máximo único de pago de 30 días, tanto para productos frescos como perecederos, con el objetivo de armonizar las prácticas comerciales en el sector agroalimentario. Bernis destacó que esta medida beneficiaría la armonización normativa en el mercado único y fortalecería la lucha contra las Prácticas Comerciales Desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario.
A pesar de que las enmiendas podrían excluir la aplicación entre pymes y grandes empresas, COAG advierte que las compañías más grandes podrían obviar esta regulación, utilizando tácticas como firmar contratos a través de compañías interpuestas de menor tamaño. Esta situación dificultaría que los perjudicados tomaran acciones legales, lo que podría resultar en un beneficio financiero significativo para las empresas que pagan tarde, especialmente en periodos inflacionistas y de altos tipos de interés.
En el ámbito europeo, la discusión sobre los plazos de pago en el sector agrario ha sido un tema recurrente, especialmente en lo que respecta a la protección de los agricultores y ganaderos frente a prácticas comerciales desleales. COAG, alineada con la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, busca asegurar que las normativas vigentes protejan efectivamente los intereses de los productores, quienes constituyen la base de la cadena alimentaria y son fundamentales para la seguridad alimentaria en Europa.
La propuesta de establecer un plazo máximo de pago de 30 días desde la entrega de los productos refleja la necesidad de garantizar un flujo de efectivo constante para los agricultores y ganaderos, que a menudo operan con márgenes ajustados y enfrentan numerosos riesgos en su actividad diaria.
Es esencial destacar que los agricultores y ganaderos desempeñan un papel vital en la economía europea y en la preservación del medio ambiente y la biodiversidad. Por lo tanto, cualquier medida que contribuya a fortalecer su posición en la cadena de suministro y a mejorar su situación financiera es de suma importancia para la estabilidad y el crecimiento del sector agrario en Europa.
La propuesta de COAG y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad no solo busca proteger los derechos y el bienestar de los productores, sino también promover una competencia justa y equilibrada en el mercado agrícola europeo, donde todas las partes puedan operar en igualdad de condiciones y beneficiarse mutuamente del comercio agrícola.
En última instancia, la adopción de políticas que fomenten el pago puntual y justo por parte de los compradores a los agricultores y ganaderos es fundamental para garantizar la viabilidad y la sostenibilidad del sector agrario europeo a largo plazo. COAG insta a los legisladores europeos a considerar cuidadosamente estas propuestas y a tomar medidas concretas para proteger los derechos y los intereses de los productores agrarios, cuyo trabajo y dedicación son imprescindibles para mantener un suministro alimentario seguro, sostenible y de alta calidad en toda Europa.
