La Alianza UPA-COAG de Palencia denuncia la postura demagoga de las administraciones que mientras se lamentan de la situación climatológica que conllevará problemas de riego para los agricultores de la provincia esta campaña, parecen olvidarse de su negativa sistemática a aceptar como solución medidas que en algún caso nuestra organización lleva reclamando desde hace más de 30 años.
Desde hace varias décadas llevamos denunciando la insuficiente capacidad de almacenamiento en la cuenca del Carrión, y en infinidad de ocasiones hemos pedido a las administraciones la dotación de infraestructuras para paliar esta carencia endémica, mediante nuevos embalses, como es el caso de la regulación adicional del río Cueza (por cierto, proyecto al cual Asaja se posicionó en contra, en la votación del Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero en junio de 2015) para así evitar la dependencia e incertidumbre que tienen miles de hectáreas de la provincia con el trasvase de agua desde el embalse de Riaño.
La Alianza UPA-COAG de Palencia lamenta la falta de garantía total y la situación de indefensión en la que se encuentran año tras año los agricultores de la provincia que siguen sin respuestas a las demandas de dar una solución definitiva para no depender de la caprichosa climatología y para que sus cultivos puedan recibir el agua que requieren. Esta dependencia en los tiempos actuales no es de recibo, y más cuando regadío garantizado es sinónimo de riqueza y de mantenimiento de población al territorio.
Esta organización agraria recuerda a quienes miran para otro lado de forma sistemática que el 19 por ciento de la superficie de regadío produce el 60 por ciento de los productos agrarios, o que en las zonas regables la población de habitantes por kilómetro cuadrado es cinco veces mayor que en las zonas de secano.
UPA – COAG desea aclarar que son las administraciones (Junta de Castilla y León y CHD) las que deben poner los medios para que no haya una `guerra del agua´ entre provincias, en un contexto en el que reclamamos el derecho a un bien común y a una regulación adecuada a las necesidades de nuestra provincia.
Por último, hacen un llamamiento a la responsabilidad de las comunidades de regantes (agricultores y propietarios de fincas) para que favorezcan la necesaria modernización de los sistemas de riego que permitan una racionalización del uso de un bien público e insustituible, posibilitando el ahorro de agua y la reducción de costes energéticos.
