La alianza UPA-COAG lleva desde hace doce años revisando los precios de determinados productos que se consumen a diario en el país, que van directamente a las mesas de todas las casas. Y en todo este tiempo aseguran haber observado cómo los precios no solo se han encarecido, sino que aquellos que están en el primer escalón de la cadena, los productores, cada vez reciben menos por ellos.
Al menos eso se desprende de la tabla reivindicativa que la alianza ha realizado junto a la Unión de Consumidores de Castilla y León en la que aseveran que alimentos como el puerro, la berenjena, la cebolla o la patata han llegado a quintuplicar su precio en los mercados en relación a su precio inicial, esto es, desde que sale de la tierra hasta que llega a los consumidores. En este sentido destacan, por ejemplo, el pepino de procedencia andaluza, que pasa de 0,34 € el kg. en origen a costar en un supermercado 1,59€ o el bróculi que procede de La Rioja y se encarece de 0,55€ el Kg. en origen a 2,75€ en su venta al público.
Pero también hay otros productos de la tierra que no tienen el añadido del transporte y de los que que UPA-COAG denuncia el aumento de su precio. Entre ellos, la zanahoria de Segovia que pasa de 0,17 € de coste inicial a valer a los consumidores 1 euro (+588%) o la patata vallisoletana que pasa de 0,20€ a 0,90€, un 450% más.
[[{«fid»:»23603″,»view_mode»:»media_original»,»type»:»media»,»attributes»:{«height»:506,»width»:658,»style»:»width: 558px; height: 429px;»,»class»:»media-element file-media-original»}}]]
El principal escollo que denuncia la alianza son los “abusos” que sufren los productores por parte de la distribución “que impone unos precios a la baja, que en muchos casos ni siquiera permiten cubrir los costes de producción”. Por ello, la solución que plantea pasa por la creación de un Observatorio de Precios que “equilibre la situación del mercado”, además de la existencia de un mediador “independiente” que resuelva los casos que puedan generar tensiones entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria y cuenten con más participación de los productores, que hasta ahora aseguran no llega al 25% en la configuración del precio de sus productos.
Por último, UPA-COAG exige también regular la venta a pérdidas, introducir un régimen sancionador y medidas cautelares que eviten perjuicios al agricultor y ganadero, además de hacer públicas las sanciones con carácter ejemplarizante. En ese sentido ha reclamado a la AICA que tenga más instrumentos de control a su alcance para evitar que nadie se salte la Ley y se creen unas líneas rojas que no se puedan traspasar, para cuyo cumplimiento tendrá que velar, según la organización, el MAGRAMA y, por tanto, el Gobierno Central.
