Unió de Pagesos reclama a los departamentos de Agricultura y Territorio que se pongan ya de acuerdo para la actualización inmediata del Decreto de fertilización y gestión de deyecciones ganaderas, que lleva tres años de retraso, para poner fin a la situación de inseguridad jurídica de los ganaderos que presentan proyectos para mejorar sus explotaciones. El sindicato ha pedido una reunión con los responsables de los dos departamentos para tratar esta situación.
Esta organización asegura que está de acuerdo en revisar de forma consensuada con el sector los criterios actuales para la ampliación y la instalación de nuevas granjas en las zonas de alta densidad ganadera en el nuevo decreto, pero no en la aplicación unilateral por parte de la administración de medidas que no prevé la normativa vigente en tanto no se aprueba el decreto.
La última de estas medidas ha sido una carta conjunta a los Departamentos de Agricultura y Territorio en la que informaban los ayuntamientos que las solicitudes de informe de los expedientes de ampliaciones y de nuevas granjas en zonas vulnerables que realizan a la comisión territorial de urbanismo deben aportar un informe favorable de Agricultura relativo al plan de deyecciones ganaderas. Unió de Pagesos pidió a la Dirección General de Agricultura y Ganadería que estos informes se emitan en el plazo máximo de un mes y se destinen los recursos necesarios para la valoración sobre los planes de deyecciones pueda hacerse en este plazo.
Durante todo el 2016, Territorio también ha requerido nuevas exigencias no previstas en la normativa sobre deyecciones y ha puesto obstáculos en los trámites ambientales y urbanísticos de proyectos de ampliaciones y de nuevas granjas. En febrero pasado, la Ponencia del suelo no urbanizable de Territorio adoptó unos criterios urbanísticos de las explotaciones ganaderas que, a petición del sindicato, retiró en abril. Estos criterios se debatirán en el marco de la propuesta de un nuevo Plan Director Urbanístico del inicio de la tramitación se aprobó el mismo abril.
Por otra parte, desde junio, la Agencia Catalana del Agua (ACA) informa desfavorablemente sobre los nuevos proyectos que prevén aplicar deyecciones en zona vulnerable con exceso de nitrógeno, según su criterio, que es más restrictivo que la norma vigente.
