La Generalitat ha aprobado el Proyecto de ley sobre las organizaciones interprofesionales agroalimentarias de Cataluña (OIA), que regula y refuerza el papel de estas entidades, integradas por profesionales y empresas que se dedican a la producción, la transformación, la comercialización y la distribución agroalimentarias.
La norma nace con la «vocación de resolver la organización del sector» y ha contado con el «consenso amplio del sector». La nueva regulación «llena el vacío legal» existente en Cataluña y «atiende las demandas del sector» de disponer de una legislación propia que defienda el modelo agroalimentario catalán, con un número importante de pequeñas y medianas empresas.
Así, de acuerdo con este marco legal, particulares y empresas de toda la cadena agroalimentaria podrán agruparse y constituirse en OIA, con las ventajas que supone para fortalecer su posición, tanto a nivel interno como internacional. También permite trabajar de forma cohesionada en los objetivos de modernización, desarrollo, competitividad e internacionalización.
Disponer de organizaciones interprofesionales agroalimentarias en Cataluña es, por tanto, un factor coadyuvante, para que el sector pueda adoptar medidas que consoliden el modelo propio, tanto en el sector primario, como en el transformador, y en la comercialización de los productos.
El sector agroalimentario catalán tiene un valor estratégico importante para la economía de esa comunidad aurónoma, tal y como reflejan las magnitudes económicas sobre su participación en el PIB, la balanza comercial, el número de empresas, las personas ocupadas, el valor de la producción final agraria y alimentaria y la clara vocación internacional de muchos de sus productos.
La nueva ley regula el reconocimiento, las finalidades, los acuerdos y las extensiones de normas de las organizaciones (mecanismos a través de los cuales se pueden convertir en obligatorios para todos los productores y operadores del sector o producto de los acuerdos que tomen las organizaciones). Otorga a las OIA catalanas plena autonomía y competencia para tomar los acuerdos, sin ningún tipo de limitación respecto a los acuerdos adoptados por terceros u otras entidades, salvo si ellas mismas acuerdan vincularse voluntariamente a acuerdos de otras organizaciones o entidades de naturaleza y objetivos similares. También permite que las organizaciones puedan acordar y obtener, en el ámbito de Cataluña, extensión de normas adecuadas a las condiciones y necesidades particulares del sector y que contribuyan directamente a su desarrollo.
