“El interés de la Junta es apoyar y resolver los procesos judiciales que existan”. Así de contundente se ha mostrado Milagros Marcos ante los periodistas a la hora de explicar los pagos pendientes que existen a los cultivadores remolacheros de la comunidad por la campaña 2011-2012.
Cifras que ascienden a 10 millones de euros pendientes de abonar a los productores de este cultivo por esa campaña tal y como dictó la sentencia de febrero de 2015 y que ya cobraron 97 agricultores, aún así la resolución n especifica que debe hacerse efectiva a todos los que plantasen, previa reclamación. Marcos ha asegurado que este casi centenar de agricultores ya ha cobrado “casi 300.000 euros” por lo adeudado y que la intención de la Administración es pagar, cuando se obligue a ello: “Cuando tengamos una sentencia la cumpliremos” ha explicado.
«Responsabilidad» del anterior gobierno de Zapatero
La consejera además ha explicado que entre 2015 y 2016 se ha hecho patente el apoyo a este sector a través de 20 millones de euros en ayudas directas y que esa reclamación, llevada a los tribunales por parte de la Alianza UPA-COAG, no se pudo conceder porque en 2011 el anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no lo presupuestó y por tanto dejó sin conocerlo a las administraciones autonómicas que elaboran sus presupuestos en función de los Generales del Estado.
Esta mañana en una jornada organizda por AIMCRA, un miembro del público le espetó que “pagasen los tres euros” algo que desde la Consejería aseguran que cumplirán puesto que su “interés”, según ha defendido Marcos, es “apoyar y resolver” aquellos problemas que ocurran.
Mientras, organizaciones como UCCL mantienen que seguirán su calendario de protestas para pedir que se cumpla el pago de estas cantidades: “No entendemos en un año clave como este para todo el sector no se hayan puesto en marcha medidas como la Mesa del Azúcar. Dicen que se hace mucho por el sector del azúcar, pero el sector no lo está notando” explicaba en su momento Juan Antonio Rodríguez, responsable del área remolachera en la organización.
Desde la organización aseguraban que, si bien “nadie” ha cumplido con las ayudas pactadas -en referencia a los 2,30 euros la tonelada que también debe la industria azucarera por cada una de las 4 campañas- sí se encuentran en negociaciones y charlas con ellos, mientras que por parte de la administración regional no han obtenido respuesta. El siguiente paso, tras la movilización que tuvo lugar en enero, será la interposición de una demanda colectiva para que se abonen cuanto antes estas cantidades que afectan a 600 cultivadores de la organización, pero que, tal y como estipula la sentencia, se han de pagar a los más de 5.300 en toda la región.
