Los fitosanitarios han vuelto a ser tema de debate en Europa. El 24 de octubre, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo adoptó una postura audaz en torno a la utilización de fitosanitarios en Europa. Así, propone que para el año 2030, el uso de fitosanitarios se reduzca al menos en un 50% en relación al promedio del periodo 2013-2017. Además, busca un recorte del 65% para los productos considerados de alto riesgo.
Este posicionamiento choca con la opinión expresada por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que anteriormente había respaldado un dictamen considerado como un «compromiso aceptable» por organizaciones del sector agrario y cooperativo de la Unión Europea. La decisión final sobre esta propuesta, conocida como SUR, se tomará en la sesión parlamentaria del 20 al 23 de noviembre.
FITOSANITARIOS
Las nuevas propuestas van más allá de los objetivos iniciales de la Comisión Europea. La Comisión buscaba reducir en un 50% todos los fitosanitarios para 2030, basados en cifras del periodo 2015-2017, y cada estado miembro tendría objetivos individuales basados en su situación particular.
La nueva propuesta aboga por que cada país defina sus propias metas y estrategias, tomando en cuenta factores como la cantidad de sustancias
vendidas anualmente, su nivel de peligrosidad y la extensión de su superficie agrícola. Además, insta a la Comisión Europea a verificar y asegurarse de que los objetivos de cada nación estén alineados con las metas generales de la UE.
Para potenciar la eficacia de estas medidas, se propone que los estados miembros establezcan normativas específicas para al menos cinco cultivos, donde la reducción en el uso de fitosanitarios tendría un mayor impacto.
Una medida adicional busca prohibir completamente el uso de fitosanitarios químicos en parques urbanos y en zonas protegidas conocidas como Natura 2000. Esto impactaría significativamente áreas extensas, como la red Natura 2000 de Palencia, que cubre más del 23% del territorio de la provincia.
Los defensores de estas medidas argumentan que estos productos solo deberían utilizarse como última opción. Además, se insta a la Comisión a incentivar la venta de pesticidas de bajo riesgo y a simplificar su proceso de autorización.
Respecto a los productos importados, la Comisión Europea deberá analizar y comparar el uso de pesticidas en estos con los productos de la UE. Si se identifican discrepancias, se tomarán medidas para asegurar que las importaciones cumplan con los estándares europeos. La exportación de fitosanitarios no aprobados en la UE quedaría, asimismo, prohibida.
A pesar de estos esfuerzos por parte del Parlamento Europeo para adoptar un enfoque más sostenible en relación al uso de fitosanitarios, existe preocupación en el sector agropecuario sobre la competencia con productos internacionales, que no están sometidos a normativas medioambientales tan estrictas.
Organizaciones como ASAJA argumentan que Europa debería garantizar un juego limpio en el comercio internacional, exigiendo que los productos importados cumplan con las mismas normativas rigurosas que se aplican a los productos de la UE.
Estas propuestas marcan un posible cambio significativo en las políticas agrarias de Europa, con implicaciones que afectarán tanto a productores como a consumidores. Será crucial seguir de cerca el desarrollo y desenlace de estas negociaciones en las próximas semanas.
