El año 2024 ha marcado otro capítulo de maltrato a los agricultores de la provincia de Palencia, afectados por las obras de construcción de la línea de alta velocidad (AVE) a Cantabria. A pesar de las constantes quejas de organizaciones agrarias como ASAJA Palencia y las peticiones de los directamente afectados, los problemas persisten en localidades como Amusco, Osorno y otras incluidas en el tramo en ejecución Amusco-Osorno.
Impacto en los agricultores: testimonios y denuncias
Tal como denunció el agricultor y miembro de ASAJA Palencia, Juan Jesús Rico, en una reciente entrevista en el programa Campo Palentino, las obras del AVE han ocasionado daños irreparables en terrenos agrícolas de gran valor. Parcelas ubicadas en Frómista, Marcilla de Campos, y otros términos municipales se han visto invadidas por maquinaria pesada, generando complicaciones para las labores diarias de cultivo y cosecha.
Un ejemplo recurrente es la construcción de los vallados de protección justo al borde de los terrenos expropiados. Esto no solo ha invadido terrenos no incluidos en las expropiaciones, sino que también ha dificultado los futuros accesos para maquinaria agrícola. Los agricultores afectados tendrán que desmontar y montar constantemente los aperos de los tractores y las cosechadoras, lo que incrementará costes y reducirá la eficiencia del trabajo en el campo.
Una adjudicación millonaria con consecuencias negativas
En 2021, Adif Alta Velocidad adjudicó el proyecto del tramo Amusco-Osorno a una Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por Torrescámara y CIA de Obras, Constructora San José, y Obras Públicas y Regadíos. Con un presupuesto de 80 millones de euros y un plazo de ejecución de 40 meses, este tramo de 22 kilómetros atraviesa municipios claves como Támara de Campos y Osorno.
Desde el inicio de las obras, los problemas han sido constantes. Los accesos a las parcelas agrícolas se eliminaban sin crear alternativas hasta que los agricultores presentaban quejas formales. Además, la supresión de los aliviaderos naturales ha provocado encharcamientos en terrenos cultivables, lo que afecta negativamente a su productividad.
Problemas estructurales: terrenos invadidos y falta de alternativas
El diseño y ejecución del proyecto han mostrado un desinterés notable hacia las necesidades de los agricultores. El uso de parcelas valiosas como graveras y préstamos de tierra para rellenos y taludes ha afectado a terrenos de alta calidad agronómica. Algunos de estos terrenos están situados cerca del Canal de Castilla y acuíferos, o bien ya habían sido modernizados mediante concentraciones parcelarias.
Estas decisiones no solo generan pérdidas económicas directas para los agricultores, sino que también afectan la sostenibilidad a largo plazo de las infraestructuras de regadío. Las indemnizaciones por expropiaciones son insuficientes para compensar los daños, dejando a los agricultores con más preguntas que soluciones.
Reivindicaciones de ASAJA y los agricultores locales
Desde el principio, ASAJA ha mantenido una postura firme: no se oponen al desarrollo de infraestructuras modernas como el AVE, pero exigen respeto por los bienes agroganaderos. Sus principales demandas incluyen:
- Respeto al valor de los terrenos agrícolas y ganaderos en el diseño de proyectos.
- Minimización del impacto durante las obras, asegurando accesos y evitando daños innecesarios.
- Restauración adecuada de las áreas afectadas, garantizando que los terrenos puedan volver a ser utilizados para fines agrícolas y ganaderos.
Sin embargo, las quejas de ASAJA, las juntas agropecuarias locales y los ayuntamientos han sido ignoradas por las autoridades responsables del proyecto.
Datos clave sobre las obras del tramo Amusco-Osorno
- Fecha de adjudicación: mediados de 2021.
- Presupuesto: cerca de 80 millones de euros.
- Plazo de ejecución: 40 meses.
- Longitud del tramo: 22 kilómetros.
- Municipios afectados: Amusco, Támara de Campos, Frómista, Marcilla de Campos y Osorno.
Un impacto económico y social preocupante
El impacto de estas obras no se limita a la pérdida de productividad agrícola. Las restricciones de acceso, los costos adicionales para los agricultores y los daños a las infraestructuras agrarias representan una amenaza para la sostenibilidad del sector en la región. Según estimaciones preliminares, el daño económico acumulado podría superar el 10 % de los ingresos anuales de las explotaciones afectadas.
Además, esta situación ocurre en un contexto de bajos precios para los cereales y otros productos agrícolas, agravando la ya difícil situación de los agricultores locales. Muchos de ellos sienten que están soportando una carga económica desproporcionada, mientras que sus preocupaciones no son atendidas.
Conclusión: la necesidad de una gestión más inclusiva
El caso del AVE a Cantabria pone de manifiesto la necesidad de integrar las preocupaciones de los agricultores en los proyectos de infraestructura de gran escala. Ignorar estas demandas no solo genera conflictos, sino que también compromete la viabilidad a largo plazo de las comunidades rurales.
ASAJA y los agricultores afectados continuarán luchando por sus derechos, buscando asegurar que los futuros proyectos sean ejecutados con un enfoque más inclusivo y respetuoso hacia el sector agrario.
