FACUA-Consumidores en Acción ha expresado una firme crítica hacia Luis Planas, por su inacción frente a las subidas de precios en alimentos con IVA rebajado.
La asociación insta a Pablo Bustinduy, al frente de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a utilizar su autoridad sancionadora contra las cadenas de distribución y empresas alimentarias responsables.
Contexto del Conflicto
Desde la aprobación de la rebaja del IVA y la prohibición de aumentar los márgenes de beneficio a principios de 2023, FACUA ha observado incrementos injustificados en precios de alimentos, contraviniendo la normativa vigente. Esta situación ha generado una alarma social y económica, con FACUA al frente de las denuncias y demandas de acción.
El Compromiso Incumplido de Luis Planas
Luis Planas, máximo responsable del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, había asegurado que su ministerio se encargaría de monitorear la evolución de los precios de los alimentos afectados por la rebaja del IVA. Sin embargo, FACUA denuncia que tal compromiso no se ha cumplido, indicando una falta de control y seguimiento por parte del ministerio.
La Responsabilidad de Pablo Bustinduy
Ante esta situación, FACUA dirige su mirada hacia Pablo Bustinduy, instándole a requerir explicaciones a las cadenas de distribución sobre las subidas de precios y a iniciar expedientes sancionadores si no se justifican adecuadamente. Se enfatiza que, si las cadenas atribuyen estas subidas a las empresas alimentarias, es igualmente esencial que estas últimas demuestren no haber incrementado sus márgenes de beneficio.
Análisis y Pruebas de FACUA
Desde septiembre del año anterior, FACUA ha enviado a Consumo análisis mensuales sobre la evolución de cerca de 1.000 precios de alimentos con IVA rebajado, junto con pruebas documentales de subidas injustificadas. Estos informes deberían servir como base para que el ministerio de Bustinduy inicie las investigaciones pertinentes.
Desentendimiento de Agricultura
Agricultura, bajo la gestión de Planas, se ha desentendido de los controles necesarios, alegando falta de competencias en materia fiscal. Esta postura ha sido criticada por FACUA, argumentando que el control no debe limitarse solo a la aplicación del IVA reducido, sino también a la congelación de márgenes de beneficio, tal y como lo estipula el Real Decreto-ley 20/2022.
