El que ya conocemos popularmente como impuesto al azúcar es, o será, una de esas muestras de los errores que, históricamente, más obsesionan a las administraciones sea cual sea su ideología o la forma de gobierno. Una de ellas, la que más suelen criticar los ciudadanos, es tan simple como su nombre, y no es otra que recaudar vía impuestos, tasas, multas o cualquier otro mecanismo coercitivo que se le ocurra al gobernante de turno.
La otra obsesión, igual de enfermiza, es quizá más perjudicial pues, se haga o no de manera sutil, no suele soportar la crítica ciudadana. Me estoy refiriendo al afán por protegernos de no se sabe qué, por cuidarnos conforme a su escaso criterio; en definitiva, a decirnos lo que tenemos que hacer.
Analicemos, siquiera sea en unas pocas líneas, ambas cuestiones, empezando por la impositiva. De entrada, no seré yo quien niegue, ni creo que tampoco nuestros lectores, la necesidad de pagar impuestos, siempre de manera justa y equitativa, con los que financiar todas esas grandes y pequeñas cosas que hace no ya que la vida sea más fácil, sino que garantizan la existencia misma. Recurrentes son los ejemplos de la sanidad, las obras de infraestructura y todo aquello que, como en un concurso de preguntas y respuestas, se nos vaya ocurriendo.
Hasta ahí, correcto, pero no es menos cierto que la experiencia de siglos demuestra que, a menores impuestos, mayor recaudación, pues las manos privadas, sean éstas empresas, familias o individuos, gestionan mejor el dinero, y ese buen hacer repercute en el conjunto de la economía, es decir, en toda la sociedad, en igual o mayor medida que a través de los antecitados impuestos.
En cuanto a la segunda parte del análisis, la referida al intento de control de los ciudadanos por parte de eso que comúnmente llamamos Estado, no sé si no nos damos cuenta, o no queremos. Lo cierto es que las administraciones tienden a ser falsamente paternalistas y, a su manera, nos dictan las normas de nuestra vida cotidiana, incluida la privada, y mucho. La administración intenta decidir, y aprovechándose de los más débiles decide, qué médico nos cura, qué profesor nos enseña, por qué carretera debemos circular (un día hablamos de las nuevas normas de señalización vial…) Pero hay más: la administración quiere decidir a qué hora abre o cierra uno su tienda, si nuestros hijos hacen o no los deberes y de qué manera y toda una suerte de amañados consejos con los que contentar a una minoría a costa de hacer la faena a quienes más hacen por tirar del carro.
Lo del impuesto al azúcar es una nueva vuelta de tuerca. Aún admitiendo que sean ciertos los efectos del azúcar y sus derivados en nuestra salud, ¿de verdad creen que subiendo el precio de los refrescos de cola van a acabar con las listas de espera en los hospitales o se van a ahorrar las peonadas del personal sanitario?
Pues no, pero se trata no tanto de recaudar como de instalar una imposición más en nuestras vidas, ya suficientemente reguladas, mientras la libertad (humana, económica, la que quieran) agoniza amenazada por unos políticos enfermos de izquierditis independientemente de las siglas con que se hayan presentado a las elecciones.
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