Las distintas Organizaciones Agrarias han valorado el acuerdo al que, para aplicar la reforma de la PAC en España, alcanzaron buena parte de las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la Sectorial del 24 y 25 de julio
La organización agraria UPA ha denunciado que “el supuesto acuerdo alcanzado no incluye alguno de los aspectos más importantes de la aplicación de la nueva PAC”.
“Apenas se ha cerrado nada de lo más importante”, ha explicado Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, “y lo que sí se ha concretado nos gusta bien poco”. La organización rechaza algunos de los acuerdos alcanzados: como la exclusión del viñedo y las frutas y hortalizas como beneficiarios, o el establecimiento del techo de ayudas en 300.000 euros, que califican excesivos.
Un techo de 300.000 euros supone en la práctica excluir del sistema sólo a 320 beneficiarios, lo que da muestra de que la medida es “un claro maquillaje”.
Gobierno y Comunidades Autónomas no han concretado la definición de agricultor activo, ni el modelo de regionalización de las ayudas, ni el año de referencia para asignar los derechos de pago básico, tampoco han cerrado los sectores que recibirán ayudas acopladas o el reparto del presupuesto del segundo pilar.
Sin embargo sí se han pronunciado sobre las transferencias de fondos entre el primero y el segundo pilar de la PAC. En el nuevo período no se va a permitir la trasferencia entre pilares, algo que para UPA hubiera evitado posibles pérdidas de fondos para España por la exigencia –e imposibilidad en muchos casos- de cofinanciación.
Unión de Uniones denuncia que el principio de acuerdo adoptado sobre el modelo de aplicación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) en España, no tratará a los agricultores y ganaderos por igual, y va en la dirección opuesta al modelo propuesto por la Unión Europea.
La reforma europea persigue una convergencia progresiva con respecto a la cantidad de ayuda percibida por los productores en función de un criterio establecido por tipologías de la zona y no por el tipo de producción, como hasta ahora. El modelo de aplicación que se pretende, en cambio desvirtúa, la intencionalidad de la reforma europea, ya que no resuelve, sino que perpetúa y agrava la discriminación de un profesional agrario que nunca haya tenido derechos de ayuda históricos en su sector, o el valor de sus derechos sea bajo; aunque un productor se encuentre en la misma tipología de zona (sistema nuevo) que otro con derechos históricos de ayuda (el sistema anterior por sectores), no tenderán a converger en la cantidad de ayuda. Esto, afectará en todo el estado a un 30% del sector de la viña, a dos tercios de la fruta dulce, hortalizas y flor y planta ornamental, así como los productores que exclusivamente son del sector equino. Además, el modelo elegido afectará más significativamente al sector del olivar de determinadas zonas productivas y donde este cultivo no es el hegemónico, como ocurre en amplias zonas de Aragón Castilla la Mancha, comunidad Valenciana y Cataluña.
La organización también denuncia que este modelo de aplicación conlleva congelar lo más posible el modelo histórico de la PAC hasta el año 2020, ya que se basa en las 316 comarcas agrarias estatales, agrupadas sobre cuatro tipologías (tierras de cultivo de secano, tierras de cultivo de regadío, cultivos permanentes y pastos) en base a su promedio de ayudas cobradas en 2011. Esto generará que cada productor pueda disponer, en función de los municipios donde radiquen las tierras de su explotación, de más de cuatro tipos de derechos, ya sea por cada una de las tipologías o por ser de comarcas agrarias de media distinta, los cuales no podrán ser ejercidos en una región agroeconómica diferente a la que los originó, incrementabdo además la ya pesada carga burocrática.
UNION DE UNIONES también advierte que ha quedado abierto como se usará el mecanismo de ayudas asociadas a la producción.
La organización tampoco comparte el que “se cierre de antemano” la posibilidad de pasar recursos del segundo pilar al primero, para con ellos evitar discriminaciones entre sectores y agricultores así como para reforzar determinadas políticas que siendo necesarias, con la reducción o el recorte de recursos presupuestarios del estado, se están viendo seriamente amenazadas -aunque oficialmente aún no se reconozca- como las políticas de apoyo a los seguros agrarios, entre otras.
Para Cooperativas Agro-alimentarias de España es muy positiva la coexistencia de un programa nacional en desarrollo rural con los planes autonómicos, ya que servirá para financiar la Ley de Integración Cooperativa y el apoyo a las entidades asociativas prioritarias. Para Cooperativas Agro-alimentarias de España también es importante que se hayan acordado mecanismos que flexibilicen la transferencia de fondos entre programas autonómicos. En cuanto al Programa Marco Nacional esperamos que se establezca una estrategia para la mejora de la estructura productiva, la competitividad y la mejora de la comercialización.
Asimismo, Cooperativas Agro-alimentarias de España valora de forma positiva el reconocimiento de Organizaciones de Productores a todos los sectores, y espera que los criterios que se establezcan en la normativa nacional sean exigentes en cuanto a volumen y número de socios para alcanzar una dimensión relevante en el mercado, en coherencia con la ley de Integración Cooperativa.
Pese a que queda pendiente por identificar el modelo de regionalización que propondrá el MAGRAMA, desde Cooperativas Agro-alimentarias de España valoramos positivamente que se haya establecido un periodo transitorio para que los agricultores que perciban menos de 300 euros de ayudas puedan acordar fórmulas asociativas y mecanismos que les permitan agruparse, y no perder dicho apoyo. Así como que en la aplicación del capping a 300.000 euros se tenga en cuenta el número de productores socios miembros de entidades asociativas.
Respecto a los pagos acoplados, para Cooperativas Agro-alimentarias de España es favorable que se tengan en cuenta a los sectores ganaderos más vulnerables, si bien es necesario estudiar otras producciones vulnerables para introducir en el régimen de ayudas asociadas.
En cuanto al sector hortofrutícola, para Cooperativas Agro-alimentarias de España la prioridad es el mantenimiento de los Programas y Fondos Operativos a través de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, pero reiteramos que existen distorsiones, ya que hay superficies de frutas y hortalizas que en su día percibieron ayudas a la hectárea procedentes de otros sectores y que compiten actualmente con las frutas y hortalizas que no recibirán pago único a la hectárea.
En este sentido reiteramos la importancia de que la regionalización que se aplique tenga en cuenta la actividad productiva presente y no solo las referencias históricas.
Respecto al vino, Cooperativas Agro-alimentarias de España había solicitado que los 142,7 millones de euros del programa de apoyo al sector vitivinícola se incorporasen al sistema de ayudas previstas en la OCM, precisamente porque el vino no iba a tener acceso al apoyo a las inversiones en desarrollo rural.
La Alianza UPA-COAG considera que quedan por cerrar aspectos sustanciales de la negociación sobre la aplicación de la nueva PAC antes de valorar el resultado de la misma para los agricultores y ganaderos de Castilla y León. En este sentido, la definición de “agricultor activo” resultará clave para determinar que dicha valoración sea positiva o negativa para el modelo social agrario que defiende y representa la Alianza UPA-COAG.
Sin embargo, se reconoce algunos avances en sentido positivo, como el diseño de un modelo uniforme de aplicación de la PAC en todo el estado a partir de una regionalización basada en comarcas agrarias y en la limitación de la superficie con derecho a ayudas, lo que posibilitará el mantenimiento el status quo y, por tanto, la práctica garantía de los 925 millones de euros que en la actualidad llegan cada año a Castilla y León como pagos del primer pilar; o la asignación del 2 % para el apoyo a los agricultores jóvenes; destinar el porcentaje máximo del 15 % para los pagos acoplados (en el que los sectores ganaderos, de tanto importancia para Castilla y León, tendrán una consideración prioritaria); el rechazo al trasvase de fondos entre pilares y el establecimiento de un programa nacional de desarrollo rural.
Otro aspecto que no gusta a la Alianza UPA-COAG es la incertidumbre que aún se mantiene sobre el reparto de los fondos del segundo pilar.
Tampoco parece adecuado, por excesivo, a esta Organización el importe de 300.000 euros utilizado como techo máximo de ayuda por explotación, importe del que se descontará la parte procedente del pago verde; ya que la Alianza UPA-COAG siempre se mostró partidaria de limitar las ayudas a un máximo de 100.000 euros por explotación, teniendo en cuenta el empleo utilizado en la misma.
Por último, considera que el rechazar el pago adicional redistributivo a las primeras hectáreas es una ocasión perdida para reequilibrar con un criterio social el injusto reparto de las ayudas.
