Unión Progreso y Democracia lamenta el reparto final de fondos agrarios europeos en Castilla y León, ya que “el índice de retención nacional es el mismo que en años anteriores y ni el Ministerio de Agricultura ni la Consejería de Agricultura han conseguido legitimar ante Bruselas la figura del agricultor a título principal”.
La formación magenta hace hincapié en que “este nuevo reparto beneficia a los ‘terratenientes de sofá’ frente a los agricultores y ganadores profesionales que tienen en el medio rural su modo de vida, unos profesionales que van a ver cómo hoy se suscribe una nueva legislación en la materia y la van a tener que aplicar a partir del 1 de enero, un plazo muy escaso para unos cambios de tanto calado”.
La candidata a procuradora por Ávila, Isabel Romero, califica de “estrepitoso fracaso” la negociación de los fondos de la Política Agraria Común y pide “una inversión compensatoria” para los agricultores y ganaderos profesionales, ya que “son ellos los que vertebran el medio rural y mantienen el paisaje y el medio ambiente”.
Romero explica que con los baremos que se aprueban hoy “se abre la puerta a que propietarios de aeropuertos, servicios ferroviarios, campos de golf o inmobiliarias se beneficien sin techo de cobro” de subvenciones públicas que deberían dedicarse a los profesionales del sector primario. La abulense insiste en que Castilla y León necesita desarrollar su modelo de industria agroalimentaria y que la producción agrícola y ganadera “sea lo suficientemente atractiva para que los profesionales puedan perpetuar su actividad en la región”.
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