UPA Castilla y León valora positivamente el paquete de medidas anunciadas recientemente por el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la nación “porque tienen una finalidad claramente social” y porque consideramos que son de justicia, especialmente las relacionadas con el gravamen de un impuesto temporal a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas y petroleras.
La organización agraria pide al Ejecutivo nacional que dé un paso más, y que ponga en marcha nuevas medidas para el sector agrario ante la próxima campaña, dado que los costes de producción continúan disparados. En este sentido, UPA recuerda el papel imprescindible que desempeña la agricultura y ganadería familiar en Castilla y León y resto de España para garantizar el suministro de alimentos a la sociedad en situaciones críticas como las actuales.
Por este motivo, UPA solicita que parte del dinero recaudado con este tributo, que se hará operativo desde el 1 de enero de 2023, se destine al sector primario. Además, consideran clave que el Ejecutivo central ponga en marcha mecanismos para modular el precio del combustible, marcando un tope a los mismos, puesto que consideran que es la única forma de evitar que las empresas repercutan el precio en los consumidores, y más tras conocer que en junio España se ha erigido como el país con los precios de los combustibles más caros de la Unión Europea y de la zona euro.
En segundo lugar, solicitan máxima vigilancia por parte de las autoridades competentes, con el Ministerio de Consumo al frente, para que esté vigilante y el impuesto no se pueda trasladar a los consumidores, y se centre única y exclusivamente en las suculentas cuentas de las empresas de mayor tamaño que tantos beneficios les está generando la invasión de Ucrania.
La organización considera moralmente un atropello que en una situación tan delicada como la actual a nivel social, la suma de beneficios de las empresas del sector durante el año 2021 y lo que va de 2022 esté siendo multimillonaria. Mientras esto ocurre, los consumidores y agricultores pagan precios nunca conocidos, inalcanzables en muchos casos para economías familiares, y cuyo motivo no es achacable al cien por cien a la invasión de Ucrania y las restricciones rusas, sino a la falta de escrúpulos de las petroleras más importantes asentadas en España, que están viendo y viviendo un momento histórico para incrementar sus rebosantes cuentas.
En tercer lugar, UPA CyL considera que al igual que el Gobierno aprobará en Consejo de Ministros antes del 2 de agosto por Real Decreto Ley las medidas de apoyo al sector del transporte por carretera, con ayudas directas, deberían aplicarse unas medidas específicas similares para el sector primario con el fin de asegurar el abastecimiento de la producción de alimentos a la sociedad en los próximos meses y por lo tanto se priorice el apoyo a una actividad económica clave en nuestro país.
Recuerdan que la invasión rusa de Ucrania ha derivado en un aumento del coste de los combustibles extraordinario, que genera un gran impacto en los titulares de explotaciones agrarias, dado que se trata de una partida que, si en condiciones normales supone en torno al 30% de los costes de la actividad, se ha incrementado hasta el 50 % en la actualidad, a lo que hay que añadir el incremento extraordinario del resto de insumos que hacen en muchos casos inviable la actividad.
En cuarto lugar, UPA CyL hace un llamamiento a la Junta de Castilla y León para que no siga ni un instante más de perfil en una situación crítica como la actual. En este sentido, cabe recordar que la comunidad autónoma recibe un alto porcentaje de lo recaudado por carburantes, y por eso debe dar un paso al frente y proteger a las explotaciones familiares agrarias como “estrategia fundamental en Castilla y León”. La petición se enmarca en el contexto de plan anticrisis que anunció ya hace meses el presidente Fernández Mañueco en su debate de investidura, y que aún desconocen cómo y cuándo se va a llevar a cabo.
