La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Extremadura (UPA-UCE) ha denunciado este viernes la falta de compromiso de la Junta de Extremadura con la incorporación de jóvenes al sector agrario y con la modernización de las explotaciones. Según la organización, la administración regional ha reducido el presupuesto destinado a estos objetivos en comparación con convocatorias anteriores, lo que pone en riesgo el futuro del campo extremeño.
«Que no nos intenten vender que hay una voluntad real de la Consejería de dar respuesta al problema de la incorporación de jóvenes al campo ni tampoco en la mejora y modernización de las explotaciones«, ha declarado el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, en el marco de la feria agroindustrial Agroexpo.
Además, la organización agraria ha criticado que la Junta no haya tenido en cuenta las propuestas presentadas por UPA-UCE en la regulación del Decreto que rige la incorporación de jóvenes a la agricultura y los planes de mejora. «Se ha ignorado completamente las aportaciones que hicimos para favorecer el relevo generacional en Extremadura», ha insistido Huertas.
Uno de los aspectos más controvertidos del nuevo Decreto es la exclusión de los agricultores y ganaderos que ya han recibido ayudas en convocatorias anteriores, así como de aquellos mayores de 41 años. Para UPA-UCE, esta decisión es un error que limita las posibilidades de modernización y adaptación del sector.
«Con esta medida, la Junta está impidiendo la mejora de las explotaciones a un porcentaje muy importante de agricultores y ganaderos extremeños, que también necesitan modernizarse para ser competitivos en el mercado», ha explicado el representante de la organización.
UPA-UCE ha insistido en que la renovación del sector agrícola no puede limitarse únicamente a los jóvenes que se incorporan por primera vez, sino que debe incluir también a aquellos profesionales que llevan años trabajando y que necesitan apoyo para actualizar sus explotaciones con nuevas tecnologías y mejoras en la productividad.
«El envejecimiento de la población activa agraria es un problema serio y, si no se toman medidas adecuadas, cada vez habrá menos agricultores y ganaderos en Extremadura. Pero en lugar de actuar con políticas eficientes, la Junta se dedica a hacer anuncios vacíos y a vender falsas soluciones», ha criticado Huertas.
Para UPA-UCE, el compromiso de la Consejería de Agricultura con el relevo generacional en el campo extremeño es meramente superficial y carece de medidas efectivas. En este sentido, la organización ha exigido un incremento real del presupuesto destinado a la incorporación de jóvenes, que permita atender la demanda existente.
«Tiene que poner presupuesto suficiente para atender la demanda real de jóvenes que quieren incorporarse al campo si de verdad es una prioridad. No basta con hacerse fotos para dar buena imagen, como han hecho con el adelanto de las ayudas al vacuno, que han anunciado a bombo y platillo, cuando en realidad el adelanto es de solo dos días», ha denunciado Huertas.
UPA-UCE ha recordado que, en muchas ocasiones, los retrasos administrativos y la falta de planificación de la Junta han provocado que muchos jóvenes interesados en incorporarse al sector no puedan hacerlo, debido a la insuficiencia de fondos o a trabas burocráticas.
Además de las críticas a la política de incorporación de jóvenes, UPA-UCE ha puesto el foco en otro problema urgente: la firma de los contratos del tomate. Hoy, 31 de enero, es la fecha límite para la formalización de estos acuerdos entre los productores y la industria, y la organización agraria ha denunciado la falta de transparencia y las prácticas abusivas de las empresas compradoras.
«Denunciamos que hasta ayer, los agricultores y las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) no conocían ni el precio que ofrecen las industrias ni la superficie a sembrar», ha señalado Huertas. Esta incertidumbre deja a los agricultores en una posición de vulnerabilidad, ya que deben firmar los contratos sin disponer de información clave sobre las condiciones económicas de la producción.
Desde UPA-UCE han advertido que esta situación puede generar un escenario similar al del año pasado, cuando muchos agricultores quedaron sin ayudas por no haber entregado los contratos a tiempo. «Esperemos que no nos pase lo mismo que en 2024, cuando muchos productores quedaron fuera de las ayudas porque la industria retrasó la entrega de la documentación», ha subrayado Huertas.
UPA-UCE ha acusado a las industrias procesadoras de tomate de emplear «juego sucio» para presionar a los productores y forzar la firma de contratos en condiciones desfavorables. Según la organización, estas empresas aprovechan su posición dominante en la cadena de valor para imponer precios bajos y condiciones contractuales poco beneficiosas para los agricultores.
Ante esta situación, la organización agraria ha exigido la intervención de la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, para mediar en la negociación y garantizar que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria.
«Pedimos a la consejera que actúe y medie en esta negociación entre productores e industrias para evitar que se repitan los abusos. No puede hacer lo mismo que el año pasado, cuando miró para otro lado y luego penalizó a los agricultores extremeños por entregar tarde los contratos, cuando el problema lo habían generado las propias industrias», ha denunciado Huertas.
UPA-UCE ha recordado que la Ley de la Cadena Alimentaria establece que los precios pactados en los contratos deben cubrir los costes de producción, evitando situaciones de abuso en las que los agricultores vendan a pérdidas. Sin embargo, en la práctica, muchas industrias imponen precios sin respetar esta norma, aprovechándose de la falta de regulación efectiva por parte de la administración.
Exigencias de UPA-UCE a la Junta de Extremadura
Ante este doble escenario de crisis —la falta de apoyo a la incorporación de jóvenes y la incertidumbre en la contratación del tomate—, UPA-UCE ha reclamado a la Junta de Extremadura que tome medidas urgentes para garantizar el futuro del sector agrario en la región.
Las principales exigencias de la organización son:
- Incrementar el presupuesto para la incorporación de jóvenes a la agricultura, asegurando que haya recursos suficientes para atender la demanda real.
- Eliminar las restricciones del Decreto que impiden que agricultores mayores de 41 años o con ayudas previas puedan acceder a los planes de mejora.
- Intervenir en la negociación de los contratos del tomate, garantizando transparencia y precios justos para los productores.
- Hacer cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, evitando que las industrias impongan precios por debajo de los costes de producción.
UPA-UCE ha advertido que, si no se toman medidas efectivas, el campo extremeño seguirá perdiendo competitividad y cada vez será más difícil atraer a nuevos agricultores y ganaderos.
«El futuro de la agricultura extremeña depende de decisiones políticas valientes. No queremos más promesas vacías, sino acciones concretas que beneficien a los que realmente trabajan en el campo», ha concluido Huertas.
