La Alianza UPA-COAG denuncia la situación en la que se encuentran las explotaciones agrarias de Castilla y León por la imposición de un catastrazo abusivo que se está utilizando para recaudar de forma extrema a costa de los agricultores y ganaderos, siendo especialmente grave la situación para profesionales de la ganadería que por las granjas, naves, almacenes o instalaciones pagan un IBI sobrevalorado y en ningún caso ajustado a la realidad.
Esta organización considera que son los ayuntamientos los que deben dar un paso al frente y bonificar el Impuesto de Bienes Inmuebles para reducir la presión fiscal sobre el agricultor y el ganadero. En este sentido, la Alianza UPA-COAG reclama que los ayuntamientos reduzcan la cuota de liquidación al mínimo previsto por la ley que es del 0,3% del valor catastral de los inmuebles de rústica (granjas, galpones, establos, invernaderos). Además deben aplicar las bonificaciones que permita la legislación a las instalaciones actualmente en activo, utilizadas para generar rentas y empleo en el medio rural.
El problema va más allá y es que los efectos de estas sobrevaloraciones y por lo tanto de la subida que experimentarán tanto el catastro de rústica como el de urbana, puede afectar muy seriamente a las becas de hijos de agricultores y ganaderos dado el «incremento ficticio del patrimonio».
