La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha hecho un llamado enérgico para que la futura Ley de Agricultura Familiar en España se centre exclusivamente en favorecer a los agricultores y ganaderos profesionales del país, excluyendo a las familias dueñas de grandes empresas agrarias y a los fondos de inversión que, según la organización, han ganado terreno de manera significativa en el sector.
La organización destaca la importancia de esta ley como un compromiso crucial del Gobierno para la protección y promoción de la agricultura familiar en el país. Sin embargo, expresan un cierto escepticismo y cautela hasta que se concrete la normativa y se implemente la medida estrella anunciada por el presidente Pedro Sánchez en su discurso de investidura. Unión de Uniones reconoce el potencial histórico de esta iniciativa y la considera «necesaria e imprescindible» para salvaguardar la agricultura familiar, un modelo que aporta un alto valor social, económico, territorial y medioambiental.
La organización señala que actualmente ya existe una referencia legal similar en vigor, la Ley 19/1995 de Modernización de Explotaciones Agrarias, que identifica como explotaciones prioritarias aquellas gestionadas por agricultores y ganaderos profesionales con dimensiones económicas pequeñas o medianas. No obstante, Unión de Uniones critica que, a pesar de esta legislación, el Gobierno no ha implementado ayudas estatales con mayores beneficios para este tipo de explotaciones. En particular, mencionan el caso del plan RENOVE de maquinaria agrícola, donde las solicitudes de la organización para una atención especial a las explotaciones familiares no han tenido respuestas positivas.
Desde Unión de Uniones, se espera que la nueva Ley de Agricultura Familiar no repita estos errores y se convierta en un instrumento eficaz para brindar la protección necesaria a los agricultores y ganaderos profesionales en España, permitiéndoles continuar con sus actividades en el futuro. La organización tiene la intención de presentar observaciones y enmiendas al proyecto legislativo a lo largo del próximo año, participando activamente en el proceso legislativo para asegurar que la ley refleje las necesidades y realidades de los agricultores y ganaderos profesionales.
«El término ‘familiar’ puede resultar confuso, y no se puede equiparar a los grupos familiares con grandes empresas en el sector y a los fondos de inversión con los pequeños y medianos agricultores y ganaderos», señalan desde Unión de Uniones. La organización aboga por una definición clara y precisa que distinga entre las diferentes realidades presentes en el ámbito agrario, garantizando que la ley beneficie a aquellos que genuinamente representan el núcleo de la agricultura familiar en España.
En resumen, la expectativa en torno a la futura Ley de Agricultura Familiar es alta, pero la cautela persiste entre los actores del sector agrario. La implementación efectiva de esta legislación no solo será un testimonio del compromiso del Gobierno con la agricultura familiar, sino también un factor determinante en la configuración del futuro de la actividad agraria en España.
Continúa el debate sobre la Ley de Agricultura Familiar
La inminente aprobación de la Ley de Agricultura Familiar en España ha generado un debate significativo en el sector agrario, especialmente con la intervención de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. La organización destaca la necesidad de que esta legislación priorice y proteja a los agricultores y ganaderos profesionales del país, excluyendo a grandes empresas agrarias y fondos de inversión que, según ellos, no deberían beneficiarse de esta iniciativa.
Uno de los puntos críticos subrayados por Unión de Uniones es la necesidad de evitar errores previos, como los observados en la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias, donde las ayudas estatales no se tradujeron en mayores beneficios para las explotaciones familiares. Este antecedente ha sembrado un cierto escepticismo en la organización, que espera que la nueva ley realmente respalde a los agricultores y ganaderos profesionales, reconociendo su papel esencial en la sostenibilidad social, económica y ambiental.
La falta de una respuesta positiva a solicitudes específicas, como las relacionadas con el plan RENOVE de maquinaria agrícola, ha dejado a la Unión de Uniones con una posición crítica hacia la efectividad de las medidas gubernamentales en el pasado. Sin embargo, la organización ve en la Ley de Agricultura Familiar una oportunidad para corregir estas deficiencias y garantizar un enfoque más equitativo y justo para los pequeños y medianos agricultores y ganaderos.
En este sentido, la Unión de Uniones anticipa un activo papel en la presentación de observaciones y enmiendas al proyecto legislativo en el próximo año. La organización planea trabajar en colaboración con las Cortes para asegurar que la ley refleje adecuadamente las necesidades y realidades de quienes dependen directamente de la agricultura familiar en España.
La ambigüedad del término «familiar» ha sido objeto de críticas, ya que engloba tanto a grupos familiares que gestionan grandes empresas como a pequeños agricultores y ganaderos. Desde Unión de Uniones, se subraya la importancia de una definición clara que distinga entre estas realidades, evitando que grandes empresas se beneficien de una legislación destinada a respaldar a los pequeños productores.
La expectativa es que la Ley de Agricultura Familiar no solo sea un acto simbólico del compromiso del Gobierno, sino una herramienta práctica que brinde protección y apoyo efectivos a aquellos que representan la esencia de la agricultura familiar en el país. La participación activa de la Unión de Uniones en el proceso legislativo es un indicador de la importancia de estas discusiones para el futuro del sector agrario español.
En última instancia, la implementación exitosa de esta ley será crucial para determinar si el compromiso gubernamental con la agricultura familiar se traduce en acciones concretas y beneficios tangibles para quienes trabajan la tierra día a día. La Unión de Uniones continuará abogando por un enfoque justo y equitativo, manteniendo un diálogo constructivo con las autoridades para dar forma a una legislación que realmente respalde y promueva la sostenibilidad de la agricultura familiar en España.
