Es evidente que la nueva PAC y todo lo que gira alrededor de ella genera mucha expectación entre los agricultores y ganaderos. Hoy, 5 de febrero, durante la jornada sobre el tema organizada dentro de la Feria Agraria que se celebra en Valladolid hasta el 7 de ese mismo mes, se ha podido comprobar con un salón prácticamente lleno de interesados oyentes en escuchar de primera mano las novedades que la Política Agraria Comunitaria traerá al sector de la mano de una de las personas que mejor conocen el tema, el Director General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda.
En un prolija ponencia, el que fuera durante años responsable del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ha señalado lo larga que ha sido esta negociación, primero en Bruselas, donde ha recordado que era la primera vez que el Parlamente Europeo tenía codecisión, y luego, en España ante la necesario negociación con las distintas comunidades autónomos.
A grandes rasgos, ha señalado como todos los fondos que llegan a España procedentes de Bruselas, unos 4.900 millones de euros aproximadamente cada año, en forma de ayudas directas se distribuyen en varias «capas»: un 56% se corresponden al pago básico, lo que hasta la fecha se conocía como pago único, aproximadamente, otro 30 al pago verde o Greening, un 12% a las ayudas asociadas o acopladas y el 2% a los apoyos específicos para los jóvenes.
Sin lugar a dudas, uno de los temas más interesantes de la comparecencia de Miranda ha sido su explicación sobre la definición y características del archifamoso y archipolémico «agricultor activo«. Con las medidas que los definen, ha afirmado el Director General, se buscaba solucionar algunos problemas que se estaban detectando como la separación que se estaba creando entre el que cobraba la PAC y el que labraba las tierras, pastos que recibían ayudas sin que se realizase labor alguna en ellos, ayudas que se solicitaban para tierras en las que no se desarrollaba ningún tipo de labor…
Dado que en España no se han creado listas de exclusión de contribuyentes, se apostó por la fórmula del 20%, es decir que para tener la calificación de agricultor activo es necesario que un 20% de los ingresos procedan de la venta de productos agrícolas. Sin embargo, la Comisión Europea ha obligado, en base a distintos acuerdos alcanzados dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a que se realicen algunas modificaciones que permitan percibir estas ayudas a quienes «asuman el riesgo empresarial», es decir que sean «ellas las que compran los productos que usan en su explotación, las que los venden, que demuestren que se hacen labores en sus parcelas…».
Además, «no se van a dar derechos», afirmó Miranda, «a quienes pidan ayudas por los pastos y no tengan en ellos carga ganadera». Siendo obligatorio para ser considerado agricultor activo estar inscrito en un registro de explotaciones así como la realización de mantenimiento anual concreto para evitar el abandono de superficies o un mínimo de carga ganadera del 0,2 UGM por ha.
El director general ha asegurado que se ha definido que se va a considerar como superficie abandonada, estableciendo, además, criterios de riesgo que se van a controlar especialmente como, por ejemplo, que tres años seguidos se deje una parcela sin labrar o en barbecho.
