Tras la reunión celebrada el 24 de junio en Valladolid en la que el subsecretario del Ministerio de Agricultura, Jaime Haddad, ha expuesto a las organizaciones agrarias el punto de vista de su departamento sobre la financiación de los Planes de Desarrollo Rural en Castilla y León
El subsecretario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Jaime Haddad, ha asegurado que “el Ministerio, a día de hoy, no debe dinero a nadie en el pago de los fondos destinados a los Programas de Desarrollo Rural”. También ha reiterado que el Ministerio “en ningún caso ha perjudicado ni perjudicará a Castilla y León en la asignación de los fondos”.
Jaime Haddad hacía estas declaraciones en rueda de prensa, tras reunirse en Valladolid con las Organizaciones Profesionales Agrarias (Asaja, UCCL, COAG, y UPA) a las que ha ofrecido detalles pormenorizados sobre el proceso de financiación de estos programas, sobre todo de los ejercicios de 2012 y 2013.
Según ha asegurado el Subsecretario, en 2012 se puso a disposición de la Comunidad Autónoma de Castilla y León la cantidad de 71 millones de euros por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, “cuando el compromiso que tenía el Ministerio de aportar en ese año a la comunidad autónoma era de 68 millones de euros”. Asimismo, ha detallado que en ese ejercicio, la comunidad gastó 66,7 millones.
De estos 71 millones de euros, 24 correspondían a remanentes que tenía la comunidad autónoma, es decir, a dinero que ya se había remitido a la comunidad en ejercicios anteriores y que no había gastado. Además, desde el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) se remitieron 41 millones aproximadamente para financiar estos fondos de desarrollo rural. Y otros 5,5 millones corresponden a los pagos realizados por SEIASA (Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias) para la construcción y mejora de regadíos en Castilla y León. El resto correspondería a la financiación de un convenio suscrito entre el Ministerio y Castilla y León.
En relación con los pagos de SEIASA, Haddad ha desvelado que existe un convenio, suscrito por esta empresa y la Consejería de Agricultura de la comunidad autónoma de Castilla y León durante el mandato del anterior Ejecutivo, donde se acuerda que parte del dinero invertido por Seiasa tendría la consideración de aportación del Ministerio a los Planes de Desarrollo Rural de Castilla y León, una vez descontada la cantidad actualizada que corresponde a las devoluciones de los regantes, que se realizan entre los años 26 y 50 posteriores a la inversión.
Efectivamente, los regantes devuelven el dinero 25 años más tarde en un plazo de otros 25 años sin que las cantidades se vean incrementadas ni por intereses ni por ningún otro concepto. El coste del dinero durante este periodo (actualizado) es lo que supone el gasto que computa como aportación del Ministerio a los PDR. Aplicando este método, el gasto aportado por el Ministerio a los PDR computado en el año 2012 por este concepto suma 5,5 millones de euros.
“El Convenio es muy exhaustivo y está avalado por la Comisión Europea. En él se explica que parte del dinero que aporta Seiasa puede ser considerada aportación pública”, ha añadido.
Por lo tanto, en el año 2012, “el Ministerio no sólo cumplió con su compromiso sino que puso a disposición de la comunidad autónoma hasta 71 millones”, ha recalcado. En este sentido, Haddad ha aclarado que el ministerio ha autorizado a la comunidad a trasladar a 2013 la diferencia entre los 71 millones aportados y los 66,7 gastados por Castilla y León, para pagar programas de desarrollo rural.
EJERICIO 2013
Jaime Haddad ha recordado que, para el ejercicio 2013, ambas administraciones decidieron, a finales del año pasado, la reprogramación de los planes de Castilla y León, de tal manera que se mantiene la aportación de los fondos europeos y se reduce la aportación nacional (50 por ciento Gobierno central y 50% Gobierno autonómico). Concretamente, en este ejercicio se establece un techo de gasto de 45,5 millones de euros para las ayudas.
Así, en este mes de junio, Castilla y León dispone de los 4,3 millones de euros del remanente que no gastó en 2012, a lo que habría que añadir 13,3 millones de euros que ha pagado ya el FEGA a esta comunidad. Y, dentro del convenio con SEIASA, tenemos una cantidad aportada de 4.515.000 euros, calculada según la metodología del convenio antes explicado.
En total, la aportación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en junio de 2013 suma la cantidad de 22,2 millones de euros, aproximadamente. Según el Subsecretario, el Ministerio dispone hasta final de año para realizar el resto de las aportaciones hasta los 45 millones.
“Por eso, no podemos aceptar, en ningún caso, ni que se diga que debemos dinero a fecha de hoy ni que no pagamos”, ha subrayado Haddad. En el caso de Castilla y León, Haddad ha puesto de manifiesto que “no se ha enviado el 40% de techo de gasto acordado a principios de año, sino que, ahora mismo, estamos en un 50%”. En cualquier caso, “el Ministerio está trabajando para enviar el resto de las ayudas lo antes posible”.
“El Ministerio está trabajando para enviar lo antes posible lo que falta a Castilla y León y todas las comunidades”, comentó Haddad, quien garantizó que el departamento “trabajará por pagar todo lo comprometido”.
Tras este encuentro se han producido distintas valoraciones de las tres OPAs regionales:
ASAJA lamenta que no haya un compromiso claro del ministerio para que las ayudas que los agricultores y ganaderos deberían haber cobrado en 2012 se cobren a lo largo de 2013.El encuentro del responsable ministerial se ha desarrollado en un tono de absoluta cordialidad y talante conciliador al referirse a los problemas de entendimiento entre la administración central y autonómica en torno a la financiación del PDR, “pero esa cordialidad no se ha traducido en ningún avance claro y, sobre todo, que tenga repercusión en los agricultores y ganaderos, quienes, hoy por hoy, no tienen ninguna garantía de que antes de que acabe el año reciban las ayudas comprometidas”, subraya ASAJA. Estas ayudas corresponden a líneas fundamentales para el campo, como son la de primeras instalaciones de jóvenes, planes de mejora de las explotaciones, cese anticipado, indemnizaciones compensatorias, zonas de montaña y desfavorecidas, ayudas bienestar animal, grupos de acción local y apoyo a la industria alimentaria.
Tras el encuentro de hoy con el representante del Ministerio, y el desarrollado la semana pasada en la Consejería de Agricultura y Ganadería, queda patente que existe una discrepancia importante entre el techo de gasto que la Junta entiende que debería aportar el ministerio para cofinanciar estas ayudas y el montante que reconoce el propio departamento de Miguel Arias Cañete. Curiosamente, el mismo portavoz del ministerio ha valorado la buena gestión que la Junta de Castilla y León ha realizado de estos fondos, eficacia que paradójicamente ha puesto al descubierto estos problemas de financiación, que no se han planteado en comunidades autónomas que no han tenido siquiera capacidad para afrontar sus compromisos de gasto con presupuesto autonómico.
Explicaciones a parte, el hecho es que a 24 de junio el Ministerio no se ha comprometido a nada concreto, ni en cuanto a cantidades ni en cuanto a fechas de pago ni tan siquiera de las partidas que Madrid reconoce como pendientes de abonar. Para los agricultores y ganaderos, y para ASAJA como principal organización del sector, por encima de argumentos y explicaciones, lo importante es que se den soluciones al problema, por lo que pide a los responsables políticos “un ánimo más constructivo, puesto que de no resolverse este rifirrafe, quedarían en el limbo 67 millones de euros de gasto público que dejarían de invertirse en Castilla y León hasta el año 2015, en el que finaliza el Plan de Desarrollo Rural en vigor”.
La Alianza UPA-COAG mostró hoy su “absoluta perplejidad” ante las versiones contrapuestas entre los gobiernos central y regional sobre los pagos pendientes del Plan de Desarrollo Rural e hizo un llamamiento a ambos a la responsabilidad para poner fin a esta situación y abonen las ayudas.
Así lo explicaron tras asistir a la reunión con el subsecretario del Ministerio de Agricultura, Jaime Haddad, en la que se explicó la versión del Gobierno central sobre la financiación de los planes de Desarrollo Rural e Castilla y León.
En todo caso, sostienen a través de un comunicado, que está confrontación dialéctica que está afectando a la cofinanciación del 50 por ciento de fondos comunitarios del Plan de Desarrollo Rural correspondientes a 2012, imprescindibles como para la incorporación de jóvenes, cese anticipado, modernización de explotaciones, mejora de infraestructuras, modernización de regadíos, indemnización compensatorias de montaña, ayudas agroambientales, bienestar animal, forestación de tierras o recuperación potencial forestal.
Esta situación resulta “sorprendente”, puesto que la información ampliada hoy por el subsecretario del Ministerio de Agricultura en nada se parece a la facilitada por la Consejería de Agricultura en el Consejo Regional Agrario, en la que se acreditaba que había pagos pendientes del MARM que ascienden a 26,6 millones de euros.
El representante del Ministerio de Agricultura ha confirmado que el próximo viernes habrá otra reunión técnica de las dos administraciones para avanzar en esta controversia, ya que todo parece indicar que el pasado día 21 no se concretó nada.
La Alianza tilda de “inaudito” que estas circunstancias ajenas al sector estén convirtiendo a las ayudas recogidas en el Plan de Desarrollo Rural 2007/2013 en arma arrojadiza entre administraciones, y que sus efectos tengan como víctimas a muchas explotaciones agrarias, a las que “están llevando a un callejón sin salida desde el punto de vista de la viabilidad económica”.
Esta Organización ha trasladado tanto al MAGRAMA como a la Consejería de Agricultura y Ganadería la conveniencia de que ambas Administraciones se pongan de acuerdo al objeto de agilizar los pagos pendientes a los profesionales del sector agrario de nuestra Comunidad (primera instalación, modernización de explotaciones, agroambientales, indemnización compensatoria, etc.)
