Avianza, la Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola, ha lanzado una advertencia sobre los graves impactos económicos y medioambientales que podría acarrear la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo en materia de transporte de animales vivos. Durante la Conferencia Europea de Avicultura celebrada en Valencia, Avianza presentó un informe detallando las implicaciones de la normativa propuesta, la cual podría generar un sobrecoste de 860 millones de euros a lo largo de esta legislatura.
El informe titulado “Impacto sobre el sector de carne avícola de la propuesta de Reglamento relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas” critica duramente las nuevas disposiciones que, según Avianza, no han tenido en cuenta las particularidades del sector. El reglamento, que modifica el Reglamento (CE) n.º 1255/97 y deroga el Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, pretende mejorar el bienestar animal durante el transporte, pero la asociación sostiene que ni mejora el bienestar animal ni beneficia la sostenibilidad.
El principal punto de fricción es el coste asociado a la implementación de estas nuevas regulaciones. Según Avianza, los cambios requerirían una inversión inmediata de 361 millones de euros para adaptar las infraestructuras y sistemas de transporte a las nuevas normas. Además, se estima un coste adicional anual de 125 millones de euros debido al aumento en el número de viajes, el consumo de combustible, el desgaste de vehículos y el pago de horas extras a los transportistas.
Estas cifras suman un total de 861 millones de euros a lo largo de la legislatura, un coste que, según la asociación, podría llevar al cierre de muchas granjas y empresas del sector avícola en España. El informe subraya que este sobrecoste se trasladaría inevitablemente a los consumidores, incrementando significativamente el precio del pollo y otros productos avícolas en el mercado.
Consecuencias para el Medio Ambiente del sector avícola
Una de las paradojas más notables del nuevo reglamento es su impacto negativo en el medio ambiente. La normativa exige reducir en un 43% la capacidad de carga por camión, lo que resultaría en un incremento del 65% en el número de viajes necesarios para transportar la misma cantidad de animales. Esto se traduciría en más de 15 millones de kilómetros adicionales recorridos, generando un 222% más de emisiones de gases de efecto invernadero.
Avianza señala que este aumento en las emisiones contraviene los objetivos de sostenibilidad y protección ambiental que la Unión Europea dice promover. Además, el mayor consumo de combustible y otros insumos no solo incrementaría los costes operativos, sino que también aumentaría la huella de carbono del sector avícola.
El informe también destaca las implicaciones para la soberanía alimentaria de España y la Unión Europea. España es un exportador clave de genética avícola de alta calidad, y las nuevas restricciones propuestas pondrían en riesgo esta capacidad de exportación. Las empresas avícolas podrían verse obligadas a deslocalizarse fuera de la UE para mantener sus mercados, lo que no solo afectaría la economía nacional, sino que también pondría en peligro la soberanía alimentaria europea.
La deslocalización, advierte Avianza, podría ser el preludio del cierre de empresas nacionales y la entrada de carne avícola de países fuera de la UE que no cumplen con los mismos estándares de bienestar animal y sostenibilidad. Esto generaría una competencia desleal y erosionaría los avances logrados por el sector en términos de calidad y seguridad alimentaria.
Contrariamente a lo que se pretende, las nuevas regulaciones podrían incluso perjudicar el bienestar animal. El informe de Avianza argumenta que las bajas durante el transporte avícola en España ya son extremadamente bajas, con una media del 0.3%. Las medidas propuestas, como el incremento de la altura de los contenedores y la regulación de la densidad, podrían aumentar el riesgo de lesiones y fracturas en los animales durante el transporte.
La asociación compara las nuevas regulaciones con «quitar los asientos de un autobús para que las personas viajen de pie por carretera», lo cual califica de auténtica temeridad. El mayor espacio entre animales podría generar huecos peligrosos en caso de frenadas bruscas, aumentando el riesgo de caídas y fracturas.
Avianza reitera su compromiso con el bienestar animal, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria, pero insta a que cualquier nueva regulación se base en datos concretos y un análisis riguroso del impacto real en el sector y en los consumidores. La asociación ha trasladado sus conclusiones tanto a la Comisión Europea como al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, solicitando una revisión de las normativas propuestas.
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Resolución de un Problema Inexistente: El informe destaca que las bajas en el transporte avícola en España son extremadamente bajas, lo que indica que el actual reglamento ya garantiza un alto nivel de bienestar animal. La propuesta no aborda un problema real en el sector.
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Impacto Económico en el Consumidor: La implementación del reglamento aumentaría significativamente los costes de producción, impactando negativamente en el precio de los productos avícolas y afectando especialmente a los consumidores en situación de vulnerabilidad económica.
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Riesgo para la Soberanía Alimentaria: Las nuevas restricciones pondrían en riesgo la capacidad de exportación de España y la soberanía alimentaria de la UE, potencialmente deslocalizando la producción a países fuera de la UE.
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Consecuencias Ambientales: La normativa incrementaría las emisiones de CO2 y la huella de carbono del transporte avícola, reduciendo la sostenibilidad del sector y contraviniendo los objetivos ambientales de la UE.
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Supuesto Bienestar Animal: Las nuevas regulaciones podrían aumentar el riesgo de lesiones y fracturas en los animales durante el transporte, sin aportar beneficios significativos en términos de bienestar animal
Avianza urge a las autoridades europeas y españolas a reconsiderar la implementación de esta normativa, basándose en datos concretos y un análisis riguroso del impacto real. La asociación aboga por una regulación que equilibre el bienestar animal, la sostenibilidad ambiental y la viabilidad económica del sector avícola, garantizando que las políticas adoptadas beneficien a todos los actores involucrados y no perjudiquen la competitividad y sostenibilidad de la industria avícola española.
