Según informa la Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León, el Partido Popular presentará en el Pleno de las Cortes Regionales que arranca mañana, 6 de febrero, una proposición de Ley que moficica el Estatuto del Consumidor. De esta forma se da marcha atrás, derogándose la Ley 1/2016, de 13 de octubre, que obligaba a establecer la necesaria presencia de una persona responsable de los servicios, en todas las instalaciones de suministro de venta al público al por menor de combustibles y carburantes, mientras permaneciesen abiertas y en servicio.
En los antecedentes de la Proposición de Ley se manifiesta que este cambio se debe a varios factores:
- La publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 “Instalaciones para suministro a vehículos” y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas.
- El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, cuyas condiciones básicas de accesibilidad son exigibles desde el día 4 de diciembre de 2017.
- La presentación por la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACYL), ante las Cortes de Castilla y León de una iniciativa legislativa popular, que cumple con todos los requisitos exigidos en la Ley 4/2001, de 4 de Julio, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, y que tiene como objetivo dejar sin efecto la regulación establecida en la Disposición adicional segunda de la Ley 2/2015, de 4 de marzo, para las cooperativas agrarias.
A todo lo anterior, hay que añadir lo les parece a las Cooperativas que ha sido definitivo; que la Comisión Europea, en procedimiento informativo al respecto (EU PILOT9146/2017/GROW), ha mostrado su parecer contrario al mantenimiento de la obligación de disponer de personal en las estaciones de servicio, al considerar que existen otras medidas menos restrictivas para garantizar la seguridad de consumidores y usuarios.
La Proposición de Ley tiene un artículo único de modificación de la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León; y dice: Queda derogada la Disposición adicional segunda, pasando la actual Disposición adicional primera a ser la Disposición adicional única.
Este camino es resultado de la iniciativa legislativa popular iniciada por URCACyL en enero de 2017. A mediados del mes de diciembre (el día 14) se presentan las últimas firmas por la comisión promotora ante la Junta Electoral de Castilla y León, quien las va remitiendo a la oficina del Censo Electoral para acreditar la inscripción de los firmantes y hacer el recuento.Se precisaban al menos el 0,75% de firmas de todo el censo de Castilla y León (15.938) y se han presentado 347 pliegos completos (17.350 firmas) y otras 1.525 firmas en pliegos incompletos. Más del 10% de estas firmas han sido rechazadas por datos insuficientes, letras ilegibles, firmas procedentes de otras Comunidades Autónomas o firmas repetidas. Se necesitaban 15.938 firmas, y ya han sido aceptadas 16.504, quedando otras 220 pendientes de evaluación.
PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DEL ESTATUTO DEL CONSUMIDOR
