Históricamente, el productor siempre ha sido la parte más débil. No solo porque desconoce las condiciones comerciales, si no porque son incapaces de poner un precio a sus productos y porque, normalmente, están atomizados. Los productores son la parte que más sufre la asfixia en la negociación. En el sector lácteo, si el primer eslabón está atomizado, el escalón de la industria transformadora y la empresa distribuidora está concentrado en unos pocos por lo que se agrava aún más esa indefensión que sufre el pequeño ganadero que está solo.
La Comisión Europea percibió hace tiempo esos desequilibrios y se puso a trabajar en los mismos a través de la Dirección General de Competencia (DGC) y de la Dirección General de Agricultura (DGAgri) y, además, creó un Grupo de Alto Nivel de la Leche (GAN) en 2009 coincidiendo con la aprobación del Paquete Leche y el Observatorio del Mercado de la leche.
Con objeto de mejorar la posición negociadora de los ganaderos, se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores (OP) de leche y de las organizaciones interprofesionales en el sector lácteo y se establecen sus condiciones de contratación. El RD nº 1363/2012 obliga a la firma de contratos con cada compraventa de leche y se promueve la creación de las OP con objeto de que los ganaderos se unan para defender mejor sus intereses y negociar conjuntamente los precios y las condiciones del contrato. La realidad se impone y aunque se empiezan a firmar contratos por escrito, estos no se cumplen o se cumplen por periodos inferiores a un año. O se firman dos contratos a la vez, el de compraventa y el de rescisión. Quizás el anquilosamiento, la desidia, la pereza de agruparse, la desconfianza o simplemente que los ganaderos no llegan con las labores del campo, la realidad es que el asociacionismo no acaba de adquirir el protagonismo que se merece.
[[{«fid»:»18361″,»view_mode»:»media_original»,»type»:»media»,»attributes»:{«height»:427,»width»:640,»style»:»width: 450px; height: 300px; border-width: 6px; border-style: solid; margin: 6px; float: left;»,»class»:»media-element file-media-original»}}]]La Comisión Europea sugirió a los Estados miembros que, cada uno en su territorio, controlaran la cadena alimentaria. Como respuesta, España aprobó la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y el Real Decreto nº 227/2014 por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios. Ambos entraron en vigor en 2014.
La multa de 88,2 millones de € impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) el 26 febrero 2015 a nueve industrias transformadoras y a dos asociaciones de ganaderos por fijar los precios del litro de leche y distribuirse el mercado no hace sino corroborar que se estaban vulnerando los derechos de los ganaderos ante su escaso poder de negociación y su nulo margen de maniobra. En este expediente, se culpa a las empresas transformadoras por repartirse el mercado de la compra y la recogida de la leche de vaca cruda. Para los ganaderos era complicado cambiar de comprador porque les tenía que dar la autorización el comprador anterior. Ante esta situación, era fácil caer en el chantaje comercial porque si no aceptaban las condiciones impuestas por la industria, perdían su producción (porque no se la recogían) y, de esta manera, perdían las cuotas lácteas que, en el reparto, les habían asignado. Para la industria transformadora era fácil fijar los precios del mercado porque eran los que ellos decidían, o no era ninguno.
Los ganaderos sugieren establecer en el contrato (cuando lo hay) un precio mínimo de venta del litro de leche, pero se trata de una práctica prohibida por el Tribunal de Defensa de la competencia porque se considera que perjudica a los consumidores. Fijar un precio mínimo frena el comportamiento del mercado eliminando la competencia en perjuicio del consumidor y esto afecta al interés público. Por otro lado, establecer un precio, mínimo o máximo, al litro de leche en el contrato no garantiza nada porque la producción de leche varía según la relación que existe entre la oferta y la demanda. Sobre todo, fluctúa también por el precio de los piensos que alimentan al ganado que, en las explotaciones ganaderas españolas, normalmente provienen de fuera del país. Es decir, hay unas variables como el precio de los piensos, del combustible, del agua y la electricidad que son difícil de prever cómo fluctuarán y que condicionarán si o si el precio del litro de leche.
A pesar de que las normas de protección de la libre competencia prohíben la celebración de acuerdos para establecer los precios de los productos, los ganaderos franceses han pactado con su gobierno un precio mínimo de 0,34€/litro leche, conducta que ya ha sido denunciada por la Autoridad Catalana de la Competencia (ACC) ante la CNMC en España. Este precio mínimo garantizado representa una conducta de competencia desleal frente a los ganaderos que compiten con la producción láctea francesa, es decir, todos. Además, se puede considerar que se trata de una ayuda ilegal de Estado como disponen los artículos 107 a 109 del TFUE.
A la quebradiza relación que existe entre el productor y la industria transformadora, hay que añadir la difícil relación que existe entre la industria transformadora y la distribución
A la quebradiza relación que existe entre el productor y la industria transformadora, hay que añadir la difícil relación que existe entre la industria transformadora y la distribución que también está muy concentrada y presiona mucho en los precios, en las condiciones de pago y en obtener descuentos para promociones especiales en los establecimientos. La venta de leche se está disparando en las grandes superficies en detrimento de la venta en las tiendas minoristas. Eso significa que cada vez más, un mayor porcentaje de la leche que llega al consumidor final lo hace a través de las grandes superficies y es una manera de darles fuerza en la negociación.
La distribución está atomizada, no ocurre lo mismo con el sector primario que muchas veces se trata de un ganadero individual y queda expuesto a los vaivenes del mercado e incluso otorga su leche sin saber el precio que cobrará por la misma, ni cuándo. En la agricultura, es una práctica bastante habitual que el agricultor conceda su cosecha sin ni siquiera negociar el precio que va a cobrar por la misma, dejando a expensas de la buena fe del comprador que cobre, lo que cobre y cuándo lo cobre. Por otro lado, se aconseja reducir eslabones en la cadena alimentaria para mejorar el canal. Esta es una de las máximas del comercio, reducir los intermediarios para asegurar la calidad y los buenos precios del producto en un canal corto de venta. Es conveniente incentivar la utilización de las cadenas cortas de abastecimiento en las que se dé preferencia a la producción local asegurando el consumo responsable.
Se debe reforzar la regulación del mercado para regular los cobros abusivos y mejorar la capacidad de los agricultores para recuperar sus costes. A las presiones en los precios, a los largos periodos de cobro que exigen a sus proveedores y a la exigencia de descuentos para promociones especiales, se une que las grandes superficies tienen sus propias marcas de distribución y que utilizan los productos lácteos como reclamo para conseguir clientes que vayan a sus establecimientos. El auge de las marcas blancas es una manera de debilitar el precio, disminuir la calidad del producto e infravalorar al proveedor.
Las grandes superficies reducen sus márgenes comerciales con la marca blanca y amplían sus márgenes comerciales con la marca privada lo que acaba dirigiendo al consumidor hacia la marca blanca, mucho más barata. El aumento de la marca del distribuidor ha pasado de un 24% en 2000 a un 60% en 2011. Esta práctica es dañina para todos y afecta a todos los eslabones de la cadena alimentaria, incluido el consumidor final. España es el país de la Unión Europea con mayor diferencial entre los precios de la marca de fábrica y los precios de la distribución. La situación del mercado ha experimentado en estos últimos años el dumping de los precios que representa la venta de un producto principal para el consumo humano por debajo de sus costes reales de producción. Esto daña a la industria transformadora y, por supuesto, al ganadero. Y ha originado la aplicación de medidas anti-dumping.
La Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria no prohibió el uso de precios gancho ni la venta a pérdidas, en contra de lo que mucha gente cree. En determinadas circunstancias, la venta a pérdidas es una situación permitida por la actual legislación de competencia. El derecho de la competencia considera que no es una práctica que se pueda prohibir con carácter general porque favorece al consumidor. Para la CNMC, esta práctica no está prohibida y permite a las grandes superficies y cadenas de alimentación utilizar como reclamo los productos lácteos y, en concreto, la leche. Ahora bien, para la CNMC, la venta a pérdida se debe perseguir cuando represente una infracción del artículo 3 de la Ley Defensa de la Competencia (LDC) por tratarse de un acto de competencia desleal que falsee la libre competencia afectando al interés público.
Según la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, la venta a pérdida si está prohibida, pero su aplicación corresponde a cada Comunidad Autónoma por ser una competencia transferida por el Estado a las mismas. Por lo tanto, el cumplimiento de esta ley puede diferir de una región española a otra.
Lamentablemente, ninguna de las leyes españolas que regula la libre competencia, la competencia desleal, el comercio minorista y los abusos en la cadena alimentaria prevén medidas con carácter inmediato que alivien la realidad que atraviesan los ganaderos españoles. Incluso las medidas económicas que se propusieron en el Consejo UE de Ministros de Agricultura el 7 septiembre de 2015 en Bruselas, que prevén pagos inmediatos a los ganaderos, no van a ser suficientes. Muchos ganaderos no van a sobrevivir a 2016. Tienen muchos gastos: los créditos, la amortización de la maquinaria, el pienso de las vacas, los gastos veterinarios, el mantenimiento de su explotación ganadera, gasoil, impuestos. La reducción de las explotaciones ganaderas en España va a ser progresiva. Se salvarán las más capaces, las más competitivas, las más solventes. Hay que trabajar desde ya en una diversificación, en una especialización y en la apertura de nuevos mercados que hagan sostenibles las explotaciones ganaderas que queden en España.
Las administraciones públicas deben hacer una labor inspectora, fiscalizadora, controladora del cumplimiento de la ley, pero en ningún caso pueden fijar un precio al litro de leche. Esta manera de intervenir fijando los precios en los contratos de compraventa contraviene los artículos 1 LDC y 101 TFUE y cuenta con antecedentes entre las resoluciones de la CNMC. Uno de los cometidos más importantes que tiene la Administración es velar porque no se falsee la competencia con productos lácteos que provengan de fuera de España con precios por debajo de los costes de producción. La administración debe sensibilizar para que cada eslabón de la cadena alimentaria adquiera conciencia de que la leche es un producto de primera necesidad y que debemos proteger su valor en el mercado.
Dada la coyuntura que atraviesa el sector ganadero en España, además del Acuerdo para la Estabilidad y Sostenibilidad de la Cadena de valor del Sector Lácteo, firmado el 23 septiembre de 2015 entre empresas de la distribución, la industria transformadora, los ganaderos y el Ministerio de Agricultura que figura como garante, también se han aprobado iniciativas regionales. El 16 noviembre de 2015 se creó una Plataforma de Competitividad Productiva del sector de vacuno en Castilla y León y el 23 noviembre de 2015 se empezó a diseñar un Plan Estratégico de Fortalecimiento del Sector Lácteo en Galicia. Interesante resulta la iniciativa que han tenido los ganaderos de Zamora que han firmado un contrato de aprovisionamiento de leche con el ejército para atender sus misiones humanitarias en el extranjero.
Sea como fuere, la necesidad está agudizando el ingenio y sorprende gratamente observar cómo se están estableciendo alianzas para proteger al sector ganadero español frente a las amenazas que provienen del mercado tras la finalización de las cuotas en España.
