La Alianza UPA-COAG ha remitido un escrito a la Subdelegación de Gobierno de Zamora en el que ha mostrado la preocupación del sector agrario de generalizarse las denuncias que se han llevado a cabo por parte de la Guardia Civil a un transportista que circulaba por caminos rurales.
El suceso ocurrió hace algunos días cuando la Benemérita denunció a un transportista que llevaba leche de algunas explotaciones ganaderas, el hecho es que el camionero transitaba por caminos rurales, y al parecer, la denuncia se llevó a cabo al exceder, con su carga, el peso máximo autorizado.
El presidente provincial de COAG, Lorenzo Rivera, ha señalado a AGRONEWS CASTILLA Y LEON que “dicho proceder ha ocasionado malestar e inquietud en el sector agrario, pues de generalizarse, provocaría el desabastecimiento en la alimentación de los animales, así como que se limitaría la posibilidad del transporte de la producción final de las explotaciones (leche, animales, grano de la cosecha, otras producciones agrícolas etc)”.
Una vez más, Rivera ha dicho que “se debe tener en cuenta la contradicción que supone el hecho de que los ganaderos hayan tenido que acometer cuantiosas inversiones en la construcción de granjas en suelo rústico, cerrando para ello, sin compensación alguna, aquellas construidas en suelo urbano en cumplimiento de la normativa urbanística y medioambiental, y ahora se les limita la posibilidad de acceso a determinados vehículos”.
Por otra parte, el presidente provincial de COAG, ha recordado como “la reestructuración llevada a cabo en el sector agrario, en la búsqueda de la optimización de costes para ser competitivos en el mercado, ha requerido de fuertes inversiones en granjas ganaderas y en superficies, alcanzando una mayor dimensión”.
Así las cosas, hay que decir que “estas granjas y explotaciones necesitan de medios de transporte acorde a esas necesidades de alimentación y de producción, por eso, la utilización de otros medios de transporte, de menor capacidad, más limitados en carga, encarecería los costes de transporte, hasta el punto de no ser competitivos”. “Las empresas distribuidoras y de comercialización se verían obligadas a incrementar sus precios, repercutiéndolo en el sector agrario, y con ello obligando al cierre a no pocas explotaciones” ha dicho Rivera.
Es por todos esos motivos por los que desde la Alianza han remitido un escrito al Subdelegado de Gobierno, para que dichas denuncias de la Guardia Civil no se generalicen, en la necesaria atención a nuestro medio rural y a nuestra actividad agraria.
Por otra parte, desde la Alianza COAG-UPA también se ha solicitado de los Ayuntamientos de la provincia “la suficiente sensibilidad con esta situación, autorizando el transporte, para un mayor peso máximo autorizado, siempre y cuando el fin sea el de transporte de insumos, producciones o medios agrarios”.
Rivera asegura que esta situación “nunca había pasado en la provincia y tenemos miedo que se generalice por eso pedimos que el Subdelegado del Gobierno frene en seco este tipo de actuaciones”.
El suceso del que deriva toda esta situación ocurrió hace unos días cuando la guardia civil paró a un camionero que transitaba por caminos de concentración de la provincia recogiendo leche de algunas explotaciones agrarias. El transportista fue multado por la benemérita con 200 euros por cargar con más de 16 toneladas
